El planteamiento incorporaría revisiones sobre operaciones inmobiliarias, manejo del agua y posibles patrimonios ilícitos entre quienes aspiren a cargos públicos.
Santiago Nieto Castillo propuso implementar una “8 de 8 Plus” para candidaturas en Querétaro, con revisiones sobre posibles vínculos con operaciones inmobiliarias irregulares y redes de corrupción relacionadas con el agua.
El coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional consideró que las instituciones públicas deben verificar la información fiscal, financiera, patrimonial y de seguridad de quienes aspiren a cargos de elección popular.
“8 de 8 Plus” ampliaría revisión de candidaturas
Nieto Castillo recordó que durante el proceso electoral de 2024 se consideraron requisitos como declaraciones patrimoniales y fiscales, antecedentes penales, pruebas antidopaje y constancias de no ser deudor alimentario moroso.
Como séptimo punto, propuso investigar posibles relaciones de aspirantes con irregularidades en desarrollos inmobiliarios, permisos, contratos, tráfico de influencias o beneficios obtenidos mediante decisiones gubernamentales.
El octavo punto consistiría en revisar posibles vínculos con redes relacionadas con concesiones, contratos e intereses económicos alrededor del manejo del agua.
Plantea seguir la ruta del dinero
El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera señaló que, cuando existan indicios objetivos y mediante procedimientos legales, también debería rastrearse el destino de los recursos hacia familiares en primer grado o posibles prestanombres.
Para realizar estas verificaciones mencionó información de la UIF, el SAT, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía General de la República y autoridades de seguridad.
Propone aplicar controles a todos los partidos
El morenista sostuvo que el mecanismo tendría que aplicarse bajo las mismas condiciones a aspirantes de todos los partidos políticos.
También cuestionó el uso del polígrafo y la entrega voluntaria de documentos sin una verificación independiente. La propuesta todavía no constituye una disposición electoral ni se informó qué autoridad tendría que aprobarla.
