Empresarios queretanos están molestos con el gobernador Kuri porque la mayoría de las obras y proveedurías se las dio a sus amigos cercanos.
La percepción sobre la relación entre el sector empresarial de Querétaro y la administración del gobernador Mauricio Kuri González abarca diversas posturas que varían de acuerdo con el sector consultado y los actores políticos de la entidad.
Por un lado, representantes del sector público de oposición, como el político Santiago Nieto, han denunciado presuntas irregularidades y el cobro de comisiones para la asignación de obras públicas en la administración actual. Asimismo, analistas de medios y voces locales han cuestionado la entrega de concesiones o contratos vinculados a perfiles cercanos o empresas específicas, además de manifestar inconformidades específicas en rubros como la infraestructura o los retrasos en obras clave como Paseo 5 de Febrero.
Por otro lado, cúpulas y organismos empresariales locales, como la Cámara de Comercio de Querétaro, han manifestado públicamente su respaldo a la administración, argumentando que las prioridades que exigen del gobierno estatal son la certeza jurídica, el desarrollo económico y la seguridad pública, factores bajo los cuales aseguran que la entidad mantiene un crecimiento constante. De igual manera, el gobierno estatal y sus defensores sostienen que los contratos de infraestructura se ejecutan bajo los esquemas contemplados por la ley y que el estado continúa atrayendo inversión privada gracias a sus condiciones de competitividad.
El Ecosistema Contratista en Querétaro: Entre la “Certeza” Económica y la Sombra del Favoritismo
El panorama político y corporativo en Querétaro bajo la administración del gobernador Mauricio Kuri González ejemplifica una dualidad recurrente en los polos de desarrollo del Bajío: un crecimiento macroeconómico sólido que coexiste con crecientes denuncias sobre la concentración de la obra pública y la proveeduría en un círculo cerrado de actores económicos allegados al poder ejecutivo.
Para comprender el trasfondo de por qué una parte significativa del empresariado local mantiene el respaldo al gobierno a pesar de las críticas por asignaciones directas, es necesario analizar el fenómeno desde tres dimensiones periodísticas y analíticas:
La denuncia institucional: El factor Santiago Nieto y el “impuesto” de asignación
El debate sobre la probidad en los contratos gubernamentales escaló significativamente en el ámbito público tras las declaraciones emitidas en septiembre de 2026 por el coordinador estatal de Morena, Santiago Nieto Castillo. El ex titular de la UIF sostuvo que diversos empresarios locales se han acercado a reportar la exigencia de presuntos “moches” de hasta un 30% para tener acceso a los contratos de infraestructura del estado.
Este señalamiento formaliza una queja que hasta entonces circulaba de forma velada en los pasillos de las cámaras de la construcción: la existencia de un ecosistema de proveeduría “a modo” donde las licitaciones abiertas han cedido terreno frente a las adjudicaciones directas o las invitaciones restringidas a firmas vinculadas estrechamente con la cúpula panista.
Concentración de capital y los “contratistas predilectos”
Investigaciones periodísticas y reportes de portales de análisis independiente han puesto rostro a los principales beneficiarios de la obra pública en el estado durante el actual sexenio y el anterior:
Infraestructura y Concesiones: Informes de prensa han señalado de forma recurrente a empresarios específicos como receptores de montos multimillonarios en contratos de obra civil. Tal es el caso de asignaciones vinculadas a proyectos de gran envergadura donde los mecanismos de financiamiento (como las Sociedades Anónimas Promotoras de Inversión, S.A.P.I.) limitan la obligación de transparentar la identidad de los accionistas finales, alimentando las suspicacias sobre conflictos de interés.
Seguridad Pública y Tecnología: Uno de los puntos más polémicos de la gestión ha sido el contrato plurianual de casi 4,000 millones de pesos otorgado a la firma Seguritech para el desarrollo del Sistema Integral de Tecnologías e Infraestructura de Seguridad. Esta adjudicación se realizó bajo esquemas de reserva y sin licitación abierta, emulando dinámicas de contratación que la misma empresa ejecutó en otras entidades vecinas y que han sido blanco de escrutinio por parte de la oposición.
El pragmatismo empresarial: ¿Por qué no hay una ruptura abierta?
A pesar del descontento de las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) locales que quedan marginadas de la obra pública mayor, las cúpulas corporativas integradas en organismos como la Coparmex o la Cámara de Comercio de Querétaro mantienen una postura de cooperación y respaldo institucional hacia Kuri González. Este fenómeno responde a un estricto cálculo de intereses políticos y financieros:
El imperativo del “Estado de Derecho” y la Seguridad: En un entorno nacional marcado por la volatilidad y la crisis de seguridad en estados vecinos, el sector privado queretano prioriza la estabilidad de las operaciones logísticas y la certidumbre jurídica. Para las corporaciones, el mantenimiento del orden público y la paz social es una condición primaria que compensa el descontento por la distribución de los contratos de construcción.
