La situación de seguridad en la alcaldía Azcapotzalco genera diversas posturas entre reportes periodísticos, estadísticas oficiales y la respuesta del gobierno local encabezado por la alcaldesa Nancy Núñez
Por un lado, registros periodísticos y análisis de datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican preocupaciones por el incremento de la violencia. Según informes publicados por medios como REFORMA Y REPORTE ÍNDIGO en Septiembre de 2026, la demarcación ha registrado un alza notable en delitos como robos, asaltos, homicidios dolosos y extorsiones, alcanzando algunos de sus niveles más altos en los últimos años. Eventos recientes de alto impacto, como balaceras en las colonias Pasteros y Avenida Jardín reportadas en octubre de 2026, han intensificado las quejas e inquietudes de los ciudadanos en plataformas digitales.
Por otro lado, la alcaldesa Nancy Núñez ha defendido lo indefendible, la estrategia de seguridad de su administración. Durante sus comparecencias oficiales, argumentó que los delitos de alto impacto se mantienen en niveles competitivos en comparación con alcaldías vecinas, pero en la realidad les invito a meterse a las redes sociales y cheque la cantidad de muertes violentas ocurren en Azcapotzalco.
Ineficiencia de Nancy Núñez para parar la ola de violencia
Diferentes coberturas periodísticas y análisis de datos abordan las críticas a la gestión de Nancy Núñez, enfocándose en las deficiencias percibidas en su estrategia de seguridad pública.
Aumento en delitos patrimoniales: Reportajes de medios como REPORTE ÍNDIGO, señalan que durante 2026 se ha registrado un repunte en carpetas de investigación por delitos contra el patrimonio, registrando más de 2,600 indagatorias por robos (con y sin violencia), fraudes y extorsiones. Las columnas de opinión locales contrastan el discurso oficial de pacificación con los delitos cotidianos que afectan de forma directa la economía de los habitantes.
Percepción ciudadana al alza: Crónicas y notas informativas de EL UNIVERSAL, exponen que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, la percepción de inseguridad en la demarcación aumentó un 3.5% a mediados de año, situándose por encima del 60%. Los textos analíticos asocian este descontento a incidentes violentos de alto impacto, como el multihomicidio en la Nueva Santa María y ataques armados en unidades habitacionales como la Francisco Villa.
Contraste con las cifras gubernamentales: Mientras la prensa documenta las denuncias vecinales y el clima de temor en colonias conflictivas, la administración local defiende una reducción general del 25% al 32% en delitos de alto impacto en periodos previos comparados con años anteriores. Los críticos del gobierno argumentan que estas estadísticas oficiales no reflejan la cifra negra de delitos no denunciados ni la persistencia de las amenazas urbanas.
