Será de verdad el piso parejo, para quienes aspiren a las coordinaciones estatales y locales.
La competencia interna de Morena por las coordinaciones de defensa estatales y locales (las antesalas directas a las candidaturas a gubernaturas y alcaldías) enfrenta una paradoja estructural que analistas políticos y periodistas críticos señalan con frecuencia: el diseño institucional del partido incentiva, de forma indirecta, las prácticas que sus estatutos prohíben.
El uso de recursos gubernamentales, la llamada “guerra sucia” y las dinámicas de poder en el proceso interno actual.
La paradoja de las encuestas y el “Efecto Vitrina”
El método de selección de Morena se basa en encuestas de reconocimiento. Desde una perspectiva periodística crítica, este modelo genera un incentivo perverso: el aspirante necesita ser conocido a cualquier precio y en el menor tiempo posible.
El dilema del funcionario: Quienes aspiran a una coordinación local y ocupan cargos en secretarías estatales, alcaldías o congresos locales, se ven tentados a utilizar los canales institucionales para amplificar su imagen.
Conversión de presupuesto en capital político: Los programas sociales, las obras públicas y los eventos de entrega de apoyos se convierten con frecuencia en pasarelas políticas encubiertas. Aunque la ley prohíbe la promoción personalizada, la línea entre informar sobre los logros de un gobierno y promover al funcionario que los ejecuta es sumamente delgada y fácil de evadir legalmente.
Las denuncias sobre el uso de recursos públicos en procesos internos rara vez involucran transferencias financieras directas y burdas, ya que estas son fácilmente detectables por las auditorías.
En mi análisis crítico apunta a mecanismos más sofisticados e institucionales:
Estructuras de personal (El “Acarreo” orgánico): El uso de servidores públicos o servidores de la nación fuera de su horario laboral (o mediante presiones implícitas) para operar redes de apoyo, organizar mítines y movilizar militantes en favor de un perfil específico.
Presupuestos de comunicación social: El direccionamiento de pautas publicitarias institucionales hacia medios locales, portales web de reciente creación o páginas de redes sociales que, de manera “casual”, dedican coberturas editoriales sumamente favorables a ciertos aspirantes.
Financiamiento subterráneo: El pacto con contratistas locales del gobierno que financian espectaculares, bardas y propaganda en territorio a cambio de la promesa de mantener o recibir contratos de obra pública en la siguiente administración.
En el periodismo político se entiende que la guerra sucia en Morena no proviene de la oposición externa, sino del fuego amigo. Al ser Morena el partido hegemónico en múltiples regiones, la verdadera aduana electoral es la interna; ganar la encuesta interna equivale casi en automático a ganar la elección constitucional. Esto eleva los costos y la ferocidad de la disputa:
Campañas negras digitales: Uso de granjas de bots, páginas de Facebook anónimas y campañas de desinformación destinadas a inflar los negativos de los rivales internos (acusaciones de corrupción, nexos familiares incómodos o supuestas traiciones a los principios de la “Cuarta Transformación”).
La guerra de encuestas espejo: La proliferación de encuestadoras de dudosa metodología o directamente inexistentes, financiadas para publicar datos que coloquen a un aspirante como puntero indiscutible, buscando generar una percepción de inevitabilidad y presionar a la dirigencia nacional.
Aunque la dirigencia nacional emite convocatorias estrictas que prohíben el uso de recursos y amenazan con cancelar registros, el análisis de los hechos suele demostrar una tolerancia calculada:
Pocas sanciones reales: Históricamente, las comisiones de Honestidad y Justicia del partido rara vez inhabilitan a los perfiles más competitivos o respaldados por gobernadores locales, limitándose a llamados de atención políticos o pactos de unidad a puerta cerrada.
Control de daños: Las advertencias de la dirigencia funcionan más como un mecanismo de contención mediática para proteger la legitimidad del proceso que como una herramienta punitiva real. Se busca evitar que las fracturas internas escalen al grado de provocar rupturas o deserciones hacia otros partidos.
La pugna por las coordinaciones locales evidencia que, a pesar del discurso de transformación y de las reglas plasmadas en el papel, las dinámicas tradicionales del poder —el control territorial, el peso del aparato gubernamental y el uso de recursos públicos para la continuidad de grupos políticos— siguen operando de manera sistemática. El proceso interno se convierte así en una medición de fuerzas donde el control del presupuesto local suele ser el factor determinante detrás del porcentaje de reconocimiento en las encuestas.
