VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS Y TRABAJADORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN.
El asesinato de periodistas y miembros de medios de comunicación constituye la forma
de censura más extrema. Como ha observado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, “el
ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente cuando las personas que lo realizan no son
víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos de hostigamiento”.
Dichas acciones no solo vulneran de un modo especialmente drástico la libertad de pensamiento y
expresión de la persona afectada, sino que además afectan la dimensión colectiva de este derecho. Los
actos de violencia que se cometen contra periodistas o personas que trabajan en medios de
comunicación y que están vinculados con su actividad profesional violan el derecho de estas personas a
expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos de los
ciudadanos y las sociedades en general a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
Mientras en las recientes décadas algunos Estados han reforzado sus garantías legales
para el ejercicio del periodismo, otros han comprometido seriamente dichas garantías. Este reporte
documenta el alarmante crecimiento de los niveles de violencia contra periodistas en las Américas, y
ofrece soluciones mediante la citación de estándares interamericanos y la identificación de actuales
prácticas nacionales para proteger a los y las periodistas, prevenir los crímenes en su contra y procesar a
los responsables.
Violencia contra periodistas en las Américas: un problema cada vez más recurrente.
El asesinato de periodistas y miembros de medios de comunicación constituye la forma
de censura más extrema. El ejercicio periodístico solo puede efectuarse libremente cuando las personas
que lo realizan no son víctimas de amenazas ni de agresiones físicas, psíquicas o morales u otros actos
de hostigamiento. Los actos de violencia que se cometen contra periodistas o personas que trabajan en
medios de comunicación y que están vinculados con su actividad profesional violan el derecho de estas
personas a expresar e impartir ideas, opiniones e información y además, atentan contra los derechos de
todas las personas a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo.
La impunidad de estos delitos fomenta la reiteración de actos violentos y puede resultar
en el silenciamiento y en la autocensura de los y las comunicadoras. En efecto, la impunidad genera un
fuerte efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de expresión y las consecuencias para la
democracia, que depende de un intercambio libre, abierto y dinámico de ideas e información, son
particularmente graves.
Si bien es cierto que algunos Estados han aumentado las garantías legales para el
ejercicio del periodismo en las últimas décadas, incluyendo la creación de programas especializados de
protección, el fortalecimiento de la independencia y la capacidad técnica del poder judicial y la creación
de cuerpos de investigación y jueces especializados, lo cierto es que en muchos lugares dichas garantías
se han visto seriamente comprometidas. En efecto, los asesinatos y agresiones graves contra periodistas
siguen siendo particularmente preocupantes y a nivel regional no parecen existir medidas suficientes y
adecuadas para proteger a los y las comunicadoras en riesgo y afrontar decididamente la deuda de
justicia con las víctimas. Asimismo, fenómenos como el aumento de grupos altamente violentos de
delincuencia organizada (que no solo amedrentan a la población sino que, incluso, en algunos lugares
tienen la capacidad de atemorizar e infiltrar a las propias autoridades) y las denuncias locales sobre
corrupción han amenazado, de manera muy preocupante, el ejercicio del periodismo.
